Las cortes constaban de una sola cámara elegida por sufragio universal indirecto, a través de un complejo sistema de juntas parroquiales que designaban representantes para otras de partido, las cuales escogían, a su vez, a los electores que, reunidos en la capital de provincia, nombraban finalmente a los diputados, a razón de uno por cada setenta mil habitantes. Las funciones judiciales quedaban en manos de los tribunales, sin interferencia del rey ni de las cortes; el gobierno interior de los pueblos se confiaba a ayuntamientos elegidos. Los impuestos se repartían entre todos los españoles "con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno", con lo que se pretendía poner fin al régimen de exenciones fiscales de la nobleza y el clero.
En cada pueblo habría escuelas de primeras letras "en que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles" y se concedía "libertad de escribir, imprimir y publicar" las ideas políticas sin censura previa.
Josep FONTANA, Historia de España. Volumen 6. La época del liberalismo, Crítica/Marcial Pons, Barcelona, 2007.
