En los últimos 10 años, un total de 31 países han abolido la pena de muerte. Sin embargo, a finales de 2010, al menos 17.833 personas permanecían en corredores de la muerte de todo el mundo y se llevaron a cabo ejecuciones judiciales en no menos de 23países, en los que fueron ejecutadas al menos 527 personas, si bien se trata de estimaciones mínimas, obtenidas a partir de la suma de cifras oficiales.
Este número de ejecuciones es menor al de 2009, en el que perdieron la vida al menos 714, pero se tuvo constancia de la imposición de al menos 2.024 nuevas condenas a muerte en 67 países. Se trata de una estimación mínima, dado que son varios los países que no ofrecen información sobre el número de personas ejecutadas y de condenas a muerte impuestas. Además de China, en Bielorrusia también se considera un secreto de estado. Otros países, como Corea del Norte, Malaisia y Singapur la información es muy escasa. En Vietnam estaba prohibido por ley publicar cifras sobre aplicación de la pena de muerte y en varios países -como Bielorrusia, Botsuana, Egipto y Japón- a las personas condenadas a muerte no se les informa de su próxima ejecución, ni tampoco a sus familias ni abogados.
Según los datos del informe “Condenas a muerte y ejecuciones 2010” publicado por Amnistía Internacional en marzo de 2011:
- 96 países y territorios han abolido la pena de muerte para todos los delitos.
- 9 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos salvo los excepcionales, como son los cometidos en tiempo de guerra.
- 34 países son considerados como abolicionistas de hecho: mantienen en su legislación la pena de muerte pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 años o más y se considera que tienen como norma de actuación o práctica establecida no llevar a efecto ninguna ejecución.
- Esto supone que un total de 139 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica.
Sin embargo:
- 58 países y territorios mantienen y aplican la pena de muerte, aunque menos de la mitad llevaron a cabo ejecuciones en 2010.
- En 2010 se llevaron a cabo al menos 527 ejecuciones en al menos 23 países.
- Durante el año 2010 se dictaron un mínimo de 2.024 nuevas condenas a muerte en 67 países.
Pese a los avances alcanzados en los últimos años, en el año 2010 hemos tenido algunos retrocesos:
- En 2010 se aplicaron numerosas penas de muerte por delitos que no cumplían las condiciones jurídicas mínimas para ser considerados “los más graves” de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Entre dichos delitos figuraban los relacionados con drogas, los económicos, el mantenimiento de relaciones sexuales con consentimiento mutuo y la blasfemia.
- En Irán, Pakistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Yemen se impusieron en 2010 penas de muerte a personas condenadas por delitos perpetrados cuando tenían menos de 18 años.
- En 2010 continuaron imponiéndose penas de muerte en juicios que no cumplían las normas internacionales sobre justicia procesal.
- En Bahréin se llevó a cabo una ejecución en 2010 frente a ninguna en 2009. En Bielorrusia se reanudaron las ejecuciones tras una interrupción de un año. En Guinea Ecuatorial se llevaron a cabo cuatro ejecuciones el año pasado, las primeras desde 2007. La Autoridad Palestina llevó a cabo cinco ejecuciones en 2010, las primeras desde 2005. El año pasado, en Somalia, se ejecutó al menos a ocho personas y el Gobierno Federal de Transición llevó a cabo sus primeras ejecuciones desde 2007. En Taiwán se reanudaron las ejecuciones el año pasado por primera vez desde 2005.
- En 2010 se amplió en Gambia el ámbito de aplicación de la pena de muerte. La Asamblea Nacional aprobó tres proyectos de ley en los que se tipificaban como delitos penados con la muerte la trata de seres humanos, la violación, el robo con violencia y la posesión de más de 250 g de heroína o cocaína. En otros países, como Bangladesh, India, Pakistán, Uganda y Estados Unidos, se presentaron proyectos de ley en los que se ampliaba el ámbito de aplicación de la pena capital.
- Al finalizar 2010, el Parlamento de Uganda no había empezado a debatir todavía un proyecto de ley contra la homosexualidad que, en caso de adoptarse, penaría con la muerte el delito de homosexualidad con “agravantes”.
Amnistía Internacional
